Luis Roberto Medina supo gambetear la ley con asombrosa elegancia. Millonario, de 42 años, de perfil bajo y buen vestir, se mantuvo lejos del alcance de la Justicia hasta a mediados del año pasado, cuando su nombre sonó como el posible ideólogo del atentado a la casa del gobernador santafesino, Antonio Bonfatti. Legalmente era dueño de una concesionaria de autos en la zona oeste de la ciudad y un lavadero de autos. En voz baja era señalado como uno de los capos del negocio del narcotráfico en Rosario y localidades del sur de la provincia. El 29 de diciembre pasado, a las seis de la mañana, Medina fue asesinado a junto a la modelo Justina María Castelli, de 23 años. Cuando llegó la policía encontró el cuerpo del empresario narco tendido frente al volante de un Citroën DS 3 rojo con 20 orificios de bala en el cuerpo. La mujer estaba tirada en el asfalto, a unos metros del auto.
Desde ese momento, comenzaron los idas y vueltas en la investigación, y las primeras irregularidades. La principal, y la que más ruido hace, es la supuesta manipulación en la MAC del empresario asesinado. Durante la última sesión de la Cámara de Diputados, a principios de este mes, los legisladores la conformación de una comisión investigadora para investigar el accionar de dos funcionarios provinciales luego del asesinato. Allí, se retomó la discusión por el polémico desempeño de los funcionarios del Ministerio de Gobierno, Javier Echaniz y Martín Degrati, que operaron la computadora de Medina, presuntamente sin una autorización judicial formal.
En ese marco, el dictamen del fiscal Nº 3 de Rosario, Carlos Covani, que solicitó el archivo de la denuncia contra el secretario y subsecretario de Tecnología del gobierno de Antonio Bonfatti, quedó en el centro de las críticas. “El dictamen de Covani es más propio de un cachafaz que de un fiscal”, disparó el diputado del PJ Héctor Acuña, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja.
La denuncia penal para que se investigue a Echaniz, Degrati y al jefe de ambos, el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, fue presentada por los diputados del Movimiento Evita, Gerardo Rico, Eduardo Toniolli y Mariana Robustelli, a mediados de febrero. El 7 de marzo, Covani dictaminó que “no existen elementos serios y verosímiles para iniciar una investigación” y “por lo tanto, corresponde” cerrar la causa.
El fiscal justificó la manipulación de la Mac de Medina que realizaron los funcionarios. “Se cuestiona la falta de autorización para la intervención de Echaniz y Degrati, extremo que no comparto ya que no existía designación formal de perito”, dijo. “Es más, tan acertado fue recurrir a Echaniz y Degrati que gracias a su intervención se pudo acceder al contenido de la computadora”, agregó.
Según Covani, la “intervención de Echaniz y Degrati fue requerida en el afán de cumplir la orden judicial (sic) de acceder a la computadora”. Y es precisamente eso lo que se propone esclarecer la comisión investigadora, quién dio la orden judicial para que hagan la pericia.
“El dictamen del fiscal coincide con las expresiones del ministro de Gobierno”, dijo Acuña. “Si transcribimos las declaraciones de Galassi tienen el mismo sentido, el mismo tono y casi las mismas palabras que las del fiscal Covani, quien primero dijo que no había delito, que no había razón para investigar, que había que rechazar la denuncia de los diputados del Movimiento Evita. Pero después, como no quiso investigar, se allanó a que los mismos sean querellantes, es decir que el trabajo de investigación que debería haber hecho él, lo hagan los legisladores. Esto hay que decirlo”, apuntó.
Acuña siguió: “Dice Covani en su dictamen: ‘No hay delito porque no hay designación de perito’. Y es, precisamente, ese el hecho. Como no hubo designación de peritos, hay un incumplimiento de los funcionarios públicos que se arrogan esa autorización para abrir la máquina. Es claro el nuevo Código Procesal de la provincia, desde el artículo 181 en adelante, sobre la designación de peritos y la aceptación del cargo. No sólo no hubo una designación del perito, sino que además del nombramiento por escrito tiene que haber una aceptación del cargo, también por escrito”.
“Después, dijeron: ‘Lo hicimos por la urgencia del caso’. Esto es lo que justifica inrresponsablemente a Covani. La verdad que el dictamen de Covani es más propio de un cachafaz que de un fiscal. ¿Qué iban a encontrar en la computadora? Tenían los dos teléfonos (de Medina) ¿Qué necesidad tenían de abrir la computadora? No lo pueden explicar”, cerró Acuña.
En este sentido, el diputado Oscar Urruty, integrante de la Comisión, expresó: "Luego de la reunión que mantuvimos el lunes con la Jueza que entiende en la causa, la Dra. Alejandra Rodenas, definimos -en primer lugar- solicitar copia del expediente judicial, al menos de la parte que contiene información vinculada con la notebook y demás elementos que tenía Luis Medina en su posesión al momento de su muerte".
A continuación, el legislador añadió: "Se decidió también comenzar con el proceso de citaciones con dos miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia que estuvieron presentes en el momento del allanamiento cuando se secuestró la computadora de Medina y, posteriormente, en el primer intento de acceder a la misma en la Alcaidía de la ciudad de Rosario", e informó: "Estas citaciones se van a llevar adelante el jueves 3 de julio a las 10 hs, en la Sede de la Cámara de Diputados de Rosario".
La semana pasada los abogados de Echanis y Degrati, hicieron un “pedido de nulidad de la audiencia que los nombra como querellantes dentro de la causa a los diputados Rico, Robustelli y también Eduardo Toniolli”.
La denuncia penal es por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de tareas a la jueza Inés Pérez Vara; por incumplimiento de los deberes de funcionario público y comisión de delitos informáticos a Javier Echaniz y a Martín Degrati, secretario y subsecretario de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado de la provincia de Santa Fe, respectivamente, y solicita se investigue la responsabilidad del ministro de Gobierno y Reforma del Estado Rubén Galassi en los hechos, en la medida que él mismo asumió estar en pleno conocimiento de lo actuado al producirse la intervención de sus dos subordinados”, expresó Eduardo Toniolli en el programa “Entre Música y Noticias” por AM1330.
En su momento, Galassi expresó que el procedimiento fue tras "un pedido de colaboración de la Justicia al Poder Ejecutivo". Sin embargo, las críticas desde algunos sectores de la oposición no cesaron y terminaron en una denuncia penal por parte de los legisladores del Movimiento Evita.
En abril, los tres diputados provinciales fueron aceptados como querellantes por el fiscal Carlos Covani y a principios de junio el juez correccional de Rosario Juan Curto resolvió admitirlos como querellantes en la causa por la intromisión de funcionarios políticos del gobierno provincial en la investigación del homicidio del empresario sindicado como narco, Luis Medina.
Sin embargo hace algunos días, se dio a conocer “la negativa de la defensa de Javier Echaniz y también de Martin Degratti, al declarar la nulidad de la audiencia en la cual se le daba la chance” a los diputados provinciales de ser querellantes en la causa.
Toniolli expresó que no ven cómo el formar parte de la acción judicial podría afectar el derecho a defensa y manifestó: “Nosotros justificamos por qué creíamos que debíamos ser querellantes en este caso. Fundamentalmente, porque consideramos que se habían cometido delitos, contra la administración de justicia y contra la administración pública. Nos parece una maniobra dilatoria, una chicana jurídica que no hace al fondo de la cuestión. Creemos que en ningún momento se ha violado el derecho a defensa ni mucho menos y esperamos en realidad que no se acepte esta pretensión. En un sistema que pretende ser transparente, pretende ser límpido, que pretende ser, de alguna manera, un lechado de de virtudes ligado a la transparencia; que se acepte esta pretensión de la defensa de estos funcionarios políticos sería arrojar la causa a un cono de sombras, a un lugar donde no podríamos tener acceso, más que como espectadores”.
“Como querellante el único error que podríamos cumplir es el de aportar elementos de pruebas, requerir medidas, hacemos las veces de complementos del fiscal(…) Se intenta deslegitimar nuestro rol, se intenta desacreditar nuestro rol y se buscan para eso, esos formalismos, o argumentos leguleyos”, prosiguió el legislador y expresó que ahora van a estar a la espera y que sus abogados “Rubén Chiavazza y Fernando Rosúa, el correo en vista y los abogados van a responder, obviamente técnicamente a esta situación”.
“Es una causa que se desprende de la causa central, de la causa madre, que es la del homicidio de Luis Medina y que refiere a la instrucción de funcionarios políticos en un elemento de prueba como es una computadora personal, en este caso de Luis Medina, este empresario indicado públicamente como narcotraficante. Y en ese marco lo que nosotros hicimos, en algún momento de ese proceso, fue meter una denuncia penal contra esos funcionarios políticos, contra su superior el ministro Galassi, fundamentalmente por una serie de delitos, empezando por el incumpliendo de los deberes de funcionario público, y siguiendo con otros delitos que tienen que ver con violación de elemento de pruebas, etcétera. Porque, ¿por qué el interés particular en esta causa? En un marco que estamos discutiendo públicamente y donde cotidianamente el narcotráfico o las consecuencias lógicas del narcotráfico, como la violencia urbana, que se llevan la vida de cientos de jóvenes, creemos que la investigación de este tipo de delito se tiene que hacer ajustada a derecho, tiene que darse en un marco donde quede claro y expuesto las relaciones institucionales que eventualmente podía tener Luis Medina y creemos que la actuación de estos funcionarios atentó contra esa, de alguna manera, justeza en la investigación” explicó el presidente de la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados.
Con respecto al ministro Rubén Galassi dijo: “Hay que decir que un ministro de Gobierno no es cualquier persona, es alguien que evidentemente en el marco de esta investigación judicial ha tenido un rol. Lo que creo que tiene que quedar claro es que lo que nosotros apuntamos, de alguna manera, se dé cuenta de ese rol en todo caso, que el rol que han cumplido su subordinados, y si evidentemente no hubo, no existió la comisión de un delito, bueno no va haber ningún problema, y si existió la comisión de un delito para esto, para el planteo que generalmente hace Galassi, pretendiendo hacernos quedar en el lugar de intentar sacar provecho político de esto. Y la verdad que si existiría comisión de un delito, no todo delito tiene el mismo peso, y no necesariamente la comisión de este tipo de delito implica que, aquellos funcionarios que los cometieron, tengan una relación directa con Luis Medina, o haya tenido una relación directa con el comercio ilegal que llevaba adelante Luis Medina. Ahora, la verdad que eso es producto, o debería serlo de una investigación judicial, no de especulaciones, es más te diría que una denuncia de esas características y un intento que se busque esclarecer el hecho puede también dejar a salvo el buen nombre de un hombre, uno, dos, tres o los funcionarios políticos que sean en este caso”.
En cuanto a los sicarios que dispararon contra el cuerpo del supuesto narco y su novia, el fiscal amasa varias hipótesis.
Finalmente, Toniolli expresó que “la verdad, este sentido, siempre es revolucionaria. La verdad es la que nos muestra, hasta dónde un gobierno o una persona o un funcionario, tiene relación con este tipo de situación o no, eventualmente”.
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